El Ejecutivo nacional selló con el FMI un acuerdo para aumentar el ajuste fiscal en 2026, con una batería de medidas que impactarán directamente en los sectores más postergados. El staff report publicado tras la última revisión revela que habrá “controles mejorados” para limitar el acceso a pensiones por discapacidad y la Asignación Universal por Hijo (AUH), se eliminarán exenciones del IVA que alivian a sectores vulnerables y se reducirán los subsidios a la energía mediante subas en las tarifas.

La meta de superávit primario para 2025 subió del 1,3% al 1,6% del PBI, lo que obliga a un recorte adicional. Aunque el Gobierno asegura haber alcanzado parte del camino con un 0,8% acumulado en el primer semestre, el plan es seguir ajustando sin pausa.

Además, se anticipa una reforma previsional para 2027, que profundizará los cambios en el sistema jubilatorio. En septiembre se presentará el Presupuesto 2026, que incluirá nuevas reglas fiscales para sostener este esquema de austeridad.

El FMI advierte que la disciplina fiscal debe mantenerse a toda costa: evitar nuevos gastos, recortar subsidios y reformar la coparticipación para limitar la capacidad de gasto provincial. Todo a costa de la población más vulnerable, en nombre de un “equilibrio” que sólo favorece a las cuentas públicas.