En su eterna búsqueda de dólares, el Gobierno nacional decidió tomar un nuevo crédito de US$ 100 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinado a financiar la Fase IV del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria.

Según el Decreto 687/2025, los fondos irán a sostener la Prestación Alimentar para familias en situación de vulnerabilidad. Hasta aquí, un objetivo legítimo, pero que plantea un interrogante: en lugar de ajustar la gestión o reasignar partidas, se recurre nuevamente a deuda externa.

El programa se divide en cuatro componentes: apoyo a la Prestación Alimentar, auditoría externa, fondo para imprevistos y comisión del BCIE, todos administrados por el Ministerio de Capital Humano, con intervención de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa.

El Banco Central aseguró que el crédito tendrá un “impacto limitado” en la balanza de pagos, y la Oficina Nacional de Crédito Público lo avaló, destacando que el costo financiero es “inferior al que se conseguiría en el mercado”. Sin embargo, para críticos, la operación evidencia una dependencia permanente de préstamos externos, incluso para programas sociales que podrían financiarse con recursos internos o reasignaciones presupuestarias.

Mientras el país ya arrastra una deuda que compromete futuras generaciones, la decisión refuerza la sensación de que el Gobierno prefiere endeudarse antes que ajustar prioridades, dejando a la economía y a los sectores vulnerables a merced del próximo movimiento del dólar o de los acreedores internacionales.