Las inundaciones que afectaron al centro y al este de la provincia de Buenos Aires dejaron un escenario crítico para el sector agropecuario: más de cinco millones de hectáreas anegadas, caminos destruidos, maquinaria inmovilizada y una producción comprometida de cara al próximo año. Productores y entidades rurales alertan que las pérdidas superarían los US$ 2.000 millones, en un contexto marcado por la ausencia de obras clave y una respuesta oficial insuficiente.

El último temporal que azotó a la provincia volvió a golpear zonas ya saturadas por meses de lluvias extraordinarias. En Urdampilleta, partido de Bolívar, la tormenta dejó destrozos generalizados, pero no fue el único punto afectado: localidades agrícolas del centro, el este y el sur bonaerense quedaron con campos intransitables y caminos inutilizados.

“Estamos hablando de más de cinco millones de hectáreas afectadas, y quizá me quedo corto”, advirtió Pablo Ginestet, de CARBAP. La entidad ya había alertado en septiembre sobre tres millones de hectáreas comprometidas, pero las nuevas precipitaciones ampliaron drásticamente el daño. Municipios como 9 de Julio, Lincoln, Carlos Casares y 25 de Mayo, además de zonas cercanas al corredor de Las Flores hacia la costa, quedaron prácticamente inhabilitados para producir.

Ginestet señaló que la crisis es resultado de dos factores: la saturación hídrica y la falta de avances en las obras estructurales de la cuenca del Salado, históricamente postergadas. “Se juntan precipitaciones excesivas y obras que no se hicieron. La cuenca completa está afectada”, explicó.

Mientras tanto, el gobierno bonaerense despliega asistencia en los distritos más comprometidos y la Nación mantiene vigente la emergencia agropecuaria en 18 municipios. Sin embargo, para los productores el panorama es alarmante: más del 60% de los caminos rurales del país son de tierra o ripio, lo que agrava la logística. “La falta de infraestructura genera sobrecostos de casi 900 millones de dólares al año”, afirmó Juan José Preciado, CEO de RICSA.

Un golpe a la producción de 2026

La afectación actual compromete no sólo la campaña en curso sino también la del próximo año. Según Erica Moro, de la Sociedad Rural de Carlos Casares, los productores no pudieron sembrar ni completar las cadenas productivas previstas: “Hay superficies anegadas, baja producción, compromisos impagos y falta de dinero. Necesitamos que las autoridades tomen conciencia”.

Las inundaciones ya provocaron la pérdida total de trigo en amplias regiones y pusieron en riesgo la siembra de maíz y soja. La soja tardía del ciclo anterior tampoco pudo cosecharse en varias zonas. “Mucho de lo sembrado se terminó perdiendo porque el agua siguió avanzando. Y la gruesa está en duda: no sabemos cuánto de maíz de primera se podrá sembrar”, indicó Ginestet.

En las áreas ganaderas de la cuenca baja del Salado, el impacto se manifiesta en el desplazamiento de hacienda y la pérdida de superficie útil, aunque sin mortandad masiva de animales. Aun así, el deterioro de los campos y la falta de piso complican la actividad.

Ginestet fue contundente respecto a las soluciones: “Hay que terminar la obra del Salado. Se necesita una decisión política firme. Llevará tres o cuatro años, como mínimo, y en lo inmediato hay poco para hacer”.

El panorama climático tampoco ofrece alivio: el Servicio Meteorológico Nacional anticipa tres meses con lluvias por debajo de lo normal y temperaturas más altas, una combinación que podría profundizar el estrés hídrico y retrasar aún más la recuperación de los suelos.

En un contexto de pérdidas millonarias y obras inconclusas, el campo bonaerense enfrenta uno de los escenarios más complejos de los últimos años, mientras crece la presión sobre un Gobierno que sigue sin ofrecer soluciones estructurales para una crisis que ya tiene escala provincial.