Luego de meses de reclamos y con los salarios corriendo por detrás de la inflación, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof convocó para este martes a los gremios estatales, docentes y judiciales para iniciar una nueva ronda de negociaciones paritarias. El encuentro marca el arranque formal de la discusión salarial para 2026, un año que se presenta complejo para los trabajadores del Estado provincial.

A la mesa se sentarán los empleados alcanzados por la ley 10.430, los docentes y el sector judicial, todos con un punto en común: el último aumento salarial fue percibido en noviembre y desde entonces no hubo nuevas actualizaciones, pese al impacto de la inflación y al deterioro del poder de compra.

Si bien existe una relación política aceitada entre la gestión provincial y los sindicatos, los gremios llegan a la convocatoria con expectativas moderadas y múltiples demandas pendientes. En el propio sindicalismo admiten que el primer encuentro suele ser más exploratorio y que difícilmente aparezca una oferta concreta de recomposición salarial.

“Seguimos reclamando la recuperación del poder adquisitivo y la continuidad de los pases a planta permanente en salud, educación y en todos los sectores donde hay trabajadores precarizados”, señaló el secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, tras conocerse la convocatoria, que tendrá lugar en la sede del Ministerio de Trabajo.

El antecedente inmediato no juega a favor de los trabajadores. El último acuerdo salarial consistió en un aumento del 5% en dos tramos, aplicado en agosto y octubre, y cobrado entre septiembre y noviembre. En los primeros diez meses del año, los estatales acumularon una suba del 25,9%, apenas por encima de una inflación del 24,8%, sin margen para una mejora real sostenida.

En diciembre, pese a las expectativas gremiales, el Ejecutivo provincial había decidido postergar la reapertura de paritarias para enero, priorizando el pago del medio aguinaldo. La decisión generó malestar en los sindicatos, que luego redoblaron la presión tras la aprobación legislativa que habilitó a Kicillof a tomar deuda por 3.680 millones de dólares.

Con ese respaldo financiero, los gremios reclaman ahora una recomposición que permita recuperar lo perdido en los últimos meses. La reunión de este martes será el primer paso de una negociación que se anticipa tensa y con final abierto.