El gobierno de Javier Milei eliminó este jueves, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la jornada no laborable del 27 de junio que desde 2013 regía como el “Día del Trabajador del Estado” para la Administración Pública Nacional. La decisión, anticipada el miércoles por el vocero presidencial Manuel Adorni, desató críticas y reacciones, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde el feriado seguirá vigente.

Con la firma del presidente y su gabinete, el Decreto 430/2025 derogó el artículo 2° de la Ley 26.876, que equiparaba esa fecha a un feriado nacional para los empleados públicos. Según el texto oficial, la medida busca asegurar una gestión “transparente, ágil y eficiente” en un contexto económico complejo y con una alta carga de feriados en el calendario.

En los considerandos, el Ejecutivo sostiene que no resulta “adecuado” que el Estado interrumpa sus tareas mientras el resto de la población trabaja, y remarca que “el trabajo productivo es la principal herramienta de crecimiento”. También se afirma que medidas como este asueto representan un costo injusto para los contribuyentes.

Pese a la derogación, el Gobierno aclaró que el viernes 27 de junio no será considerado día hábil administrativo, para no afectar el cómputo de plazos legales, al tratarse de una modificación de último momento. Además, instruyó a notificar a la Comisión Bicameral del Congreso para su tratamiento, como indica la normativa vigente en materia de DNU.

En la provincia de Buenos Aires, en cambio, el asueto se mantiene. A través de una circular firmada por la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Paula Ferraris, el Ejecutivo bonaerense recordó que la adhesión a la ley nacional fue establecida mediante la Ley 14.600 de 2014. En ese marco, este viernes será día no laborable para los empleados de la Administración Pública Provincial.

La fecha conmemora la adopción del Convenio 151 de la OIT, que reconoce el derecho a la negociación colectiva en el ámbito estatal. La decisión del Gobierno Nacional no solo marca una ruptura con esta tradición, sino que reabre el debate sobre el valor simbólico del reconocimiento laboral y las políticas de ajuste sobre el empleo público.