En una decisión que dejó perplejos incluso a legisladores oficialistas, Javier Milei vetó por completo la Ley 27.790, aprobada por amplia mayoría el 4 de junio. La norma declaraba la emergencia y catástrofe en Bahía Blanca y Coronel Rosales tras la tragedia climática del 7 de marzo, y contemplaba asistencia concreta: un fondo de $200.000 millones, alivio fiscal, moratorias y créditos blandos para los damnificados.

El veto fue oficializado a través del Decreto 424/2025, donde el Ejecutivo sostiene que esa ayuda “ya fue otorgada” mediante otro decreto anterior (el 238/25), que creó un fondo con el mismo monto. Sin embargo, en los distritos afectados las necesidades persisten, y la ayuda estatal —cuando llega— es parcial y tardía.

Desde el Gobierno aseguraron que la Agencia Federal de Emergencias, bajo la órbita de Patricia Bullrich, ya había lanzado ese fondo el 1° de abril. Pero el Congreso fue más allá: propuso una ley con fuerza institucional, control parlamentario y medidas complementarias para sostener a las miles de familias que perdieron todo.

Lejos de reconocer el esfuerzo multipartidario, Milei optó por el rechazo. Alegó que la ley vetada “no especificaba la fuente de financiamiento”, como si la asistencia a víctimas de una catástrofe natural debiera ajustarse a las mismas reglas fiscales que el gasto en publicidad oficial o viáticos ministeriales.

El proyecto había sido impulsado por senadores bonaerenses y apuntaba a una respuesta integral: exenciones impositivas, suspensión de ejecuciones fiscales, promoción del empleo local para la reconstrucción, y apoyo financiero a través del Banco Nación.

Según el propio decreto presidencial, más de 5.000 familias aún no recibieron nada. Y a pesar de eso, el Presidente decidió anular la única política con respaldo legislativo pensada para atender esa emergencia. Milei, otra vez, eligió la motosierra ideológica por encima de la realidad.

El presidente Javier Milei vetó por completo la Ley 27.790, aprobada por el Congreso el pasado 4 de junio, que declaraba la emergencia y catástrofe en Bahía Blanca y Coronel Rosales durante 180 días. La norma contemplaba asistencia financiera a los afectados por las graves inundaciones del 7 de marzo, e incluía la creación de un fondo especial de 200.000 millones de pesos.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 424/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Allí se argumenta que el Gobierno ya había adoptado medidas similares a través del Decreto 238/25, que creó el Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), con fondos gestionados por el Ministerio de Seguridad.

Desde la Casa Rosada señalaron que el fondo fue impulsado el 1° de abril a través de la Agencia Federal de Emergencias, dependiente de la cartera que dirige Patricia Bullrich. Aseguran que ese decreto ya cubre las necesidades que el Congreso pretendía atender con la ley sancionada.

El Ejecutivo también objetó aspectos formales del proyecto: “No se indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento”, señalaron, citando el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que obliga a identificar los recursos para cubrir cualquier gasto no previsto en el presupuesto.

La ley vetada había sido promovida por legisladores bonaerenses y preveía no sólo el fondo especial, sino también exenciones impositivas, una moratoria por 180 días, créditos blandos a través del Banco Nación y la promoción de obras con mano de obra local.

Según datos oficiales incluidos en el decreto, ya se entregaron subsidios a 32.076 personas afectadas, de un total de 37.546 inscriptos. Unos 3.962 casos continúan en evaluación, mientras que el 4% de las solicitudes fue rechazado.