La designación de Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa generó un fuerte rechazo en organismos de derechos humanos y en amplios sectores políticos y sociales. Presti, teniente general con larga trayectoria en el Ejército argentino, reemplazará a Luis Petri —que asumirá como diputado nacional por La Libertad Avanza— y será el primer militar en ocupar el cargo desde 1983, cuando el país recuperó la democracia.

El repudio no se limita a su perfil castrense. La figura de Presti también aparece atravesada por su historia familiar: su padre, Roque Carlos Presti, fue señalado en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. La noticia encendió alarmas en un contexto donde crecen los pedidos de beneficios judiciales para represores condenados y se multiplican discursos negacionistas.

Ana Laura Mercader, integrante de H.I.J.O.S. La Plata, cuestionó la decisión con dureza. “Las sensaciones son de repudio, como lo son casi todas las políticas de este Gobierno. Todo es un gran retroceso. Podemos dividirlo, subdividirlo, pero en verdad todo opera en contra de la democracia”, expresó en diálogo con Los Mundos Posibles. Para Mercader, la llegada de un militar a la conducción del Ministerio “devela un conflicto central: el lugar que se pretende dar a las Fuerzas Armadas dentro del aparato estatal”.

La dirigente advirtió además sobre el impacto simbólico y político del nombramiento. Señaló que actualmente existen “miles de casos de genocidas que están pidiendo beneficios desde sus prisiones o su liberación, con familiares que no solo ocupan cargos públicos sino que gestionan para dejarlos libres”. En ese contexto, consideró que la designación de Presti “abre la puerta a un nuevo ciclo de retrocesos en materia de justicia y memoria”.

Luis Petri dejará el cargo para asumir como legislador el próximo 10 de diciembre. Su salida se inscribe en un gobierno que, a un año de gestión, acumula tensiones con los organismos de derechos humanos y enfrenta cuestionamientos por su política de seguridad y defensa, marcada por la reivindicación de sectores castrenses y el desmantelamiento de consensos construidos durante cuatro décadas de democracia.